El CELS, la Procuración y los juicios a represores, desde la primera línea.
Caro Varsky llegó al CELS a fines de los ’90, en tiempos de Juicios por la Verdad e incipiente gestación de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Como abogada querellante fue protagonista de la reapertura de las causas, la articulación con abogadxs de todo el país, los primeros juicios orales, las luchas para lograr condenas pero también para construir poderes públicos a la altura de un proceso histórico que ya suma mil condenados. Dirigió durante años el Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS, coordinó entre 2013 y 2019 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal y hoy es subsecretaria de Programas Especiales contra las Violencias por Razones de Género del ministerio que dirige Eli Gómez Alcorta. El Museo Sitio Memoria ESMA la entrevistó esta semana en su serie «Una mirada de justicia», donde Varsky habló del CELS como espacio de formación y militancia, de la lucha por visibilizar los delitos sexuales y sensibilizar a los operadores judiciales, de lo que significó entrar por primera vez a la ESMA junto a familiares de desaparecidos y de la necesidad de profundizar las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.
La formación en el CELS
“Me formé y disfruté del ejercicio de la profesión en el CELS. Hice la carrera trabajando en otra ONG y siempre supe que me gustaba el derecho pero no para ser una abogada convencional, que era lo que sabía de la Facultad de Derecho. Durante muchísimos años trabajé en el CELS y una de las primeras tareas en las prácticas profesionales fue trabajar en los Juicios por la Verdad sobre los crímenes de la última dictadura. Había todo un desafío y un aprendizaje sobre otras formas de ejercer el derecho, era algo sui generis. A partir de ese año ’98, con grandes compañeras, me quedé en lo que fue la reapertura del proceso de justicia de los crímenes del terrorismo de Estado”.
La infancia en dictadura
“El 24 de marzo del 76 yo tenía dos años. Mi papá tenía barba y pelo largo, recuerdo que lo frenaran en la calle porque tenía un look hippie, además de ser una familia judía y con toda una situación de angustia y de preocupación por la posibilidad de algún tipo de persecución. Mi núcleo personal no participaba políticamente, sí parte de la familia materna, y en ese sentido había situaciones que generaban un poco de miedo. Recuerdo a mis padres queriendo protegernos, sacándonos de una escuela pública y llevándonos a una privada después de una situación de discriminación con mi hermano. Después recuerdo haber estado en pleno ‘83 en elecciones y sentir que mis papás estaban contentos de volver a votar”.
Por qué abogada
“Mi papá dice que yo tenía un sentimiento de justicia permanente, que era injusto que a Fulanita no le festejaran el cumpleaños o a Menganita no le dieran tal cosa. Siempre tuve una relación con la justicia en términos de igualdad. En segundo año de la secundaria, por un profesor de Derecho Constitucional nos hablaba de los derechos políticos, decidí que iba a ser abogada. Pero quería estudiar desde el punto de vista de acceso a derechos y oportunidades, no porque me interesara llevar divorcios o concursos y quiebras. Empecé a estudiar ciencia política al tiempo, que de hecho me gustaba más, hasta que en un momento tenía que avanzar en una de las carreras y opté por abogacía. Hacia el final de la secundaria empecé a interesarme por las cuestiones relacionadas con el terrorismo de Estado, a leer el Nunca Más, alguna bibliografía. Ahí empecé a elegir un poco hacia dónde iba porque de hecho los dos primeros años de facultad, cuando se supone que uno tiene que mechar entre materias de constitucional, economía y derecho civil, yo empecé a hacer todas las materias que me gustaban que eran derechos humanos, derecho constitucional, y las civiles las dejaba para el final”.
Por qué el CELS
“En 1997 trabajaba en Poder Ciudadano y nos tocó organizar una actividad en el CELS, pero me acerco más en el ’98 cuando hago la práctica profesional, que es un año obligatorio en la Facultad de Derecho, y desde entonces no me fui más. Fue la sensación de estar en un espacio de formación y militancia permanente, pocas veces he sentido tanta conexión con una institución. El CELS para mí fue un espacio de militancia desde el movimiento de derechos humanos en un contexto en el que no tenía ninguna militancia político-partidaria, y de conocer a gente muy profunda. Tuve la oportunidad de cruzarme y poder escuchar a Emilio Mignone que falleció ese año y de conocer gente de la comisión directiva que me marcó en cuanto a cómo encarar el ejercicio de la profesión, sobre todo por parte de los abogados y todo lo que era el compromiso social, especialmente Carmen Lapacó, Matilde y Santiago Mellibovsky, Laura Conte. Algo muy valioso que el CELS promovió y promueve es el cruce permanente con la gente nueva. El CELS para mí fue también un espacio de crecimiento, de entender momentos políticos muy importantes, el 2000, el 2001, el gobierno de la Alianza. Estuve hasta 2013 como integrante de los equipos de trabajo, viví todo el proceso de reapertura de la Justicia por los crímenes de la dictadura. Un momento de mucha tensión, mucho crecimiento, y durante mi paso en el CELS me casé y tuve tres hijas, para ponerlo en términos familiares. Tengo mucha vida ahí adentro”.
Primeros pasos en la búsqueda de la verdad y la justicia
«Cuando no se podía investigar penalmente el CELS trabajó en promover los Juicios por la Verdad. En ese marco se iniciaron investigaciones por los hechos ocurridos en la ESMA y, si bien no se pudo usar después como prueba en los procesos penales, se generaron discusiones internas en cuanto a quiénes y cuándo podían declarar. Los llamábamos procesos sui generis en tanto no se podía perseguir penalmente, pero se convocaba a audiencias como si fuera un juicio oral y público. Hubo juicios en distintas jurisdicciones del país, en general a cargo de cámaras federales. En el caso ESMA, la Cámara quedó después a cargo de la identificación de los cuerpos que aparecieran. La Cámara organizaba las investigaciones en legajos: había un legajo de búsqueda de la verdad del caso de Rodolfo Walsh, en el caso de las monjas francesas, en el caso del hijo de León Ferrari. Eran expedientes donde se convocaba a personas a declarar y en los que declararon personas que luego fueron imputadas y condenadas. En un período donde estaban vigentes las leyes de punto final, obediencia debida y los decretos de indultos, en muchos casos declararon y aportaron información porque no había posibilidad de perseguirlos penalmente. También declaraban testigos sobrevivientes o familiares, y en casos como el de Ariel Ferrari dialogaban con el proceso de justicia universal abierto en España por el juez Baltasar Garzón, donde se estaba produciendo prueba que de alguna manera aportaba al proceso de verdad en Argentina. Recuerdo que León Ferrari hacía un seguimiento importante de lo que pasaba en España, en ese entonces en el juicio contra Scilingo, el marino que relató los vuelos de la muerte. León venía al CELS y decía ‘chicas, fíjense que declaró tal persona que dice que en el campo de deportes de la ESMA entre dos canchas de fútbol habría habido enterramientos’. Parte de lo rico que aprendí al ejercer la profesión en el CELS es que empezó a haber un abordaje integral en los casos, no era solamente el/la abogada trabajando en un expediente sino que los familiares participaban en el sentido de aportar prueba, recomendar que leyéramos tal o cual cosa o habláramos con tal persona. Íbamos construyendo la prueba de la mano de familiares y sobrevivientes sobre todo que nos iban orientando. Estos juicios tienen en particular un trabajo integral y la necesidad, y en eso el CELS fue como vanguardia, de pensar en un trabajo colectivo, de distintas disciplinas”.
La reapertura de los procesos
«Cuando entré al CELS trabajé principalmente con María José Guembe, que coordinaba el área Memoria y los juicios por la verdad y estaba permanentemente pensando junto con el entonces director ejecutivo en una alternativa para avanzar en el proceso de justicia. En el 2000 se plantea la posibilidad de presentar una causa, había varios expedientes dando vueltas y uno donde se investigaba la apropiación de una menor, Claudia Victoria Poblete, que había sido secuestrada en el mismo momento y por las mismas personas que su mamá. Frente a esa situación trabajamos en pedir la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que permitía la persecución penal por la apropiación pero no por el secuestro de la mamá. Es una causa que tengo como muy presente por lo que significó, porque con el equipo del CELS lo compartimos permanentemente y porque a partir de ahí comenzó toda una seguidilla: el 6 de marzo de 2001 el entonces juez (Gabriel) Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y ordena la indagatoria del ‘Turco Julián’ y de Juan Antonio del Cerro, que falleció, en relación con el secuestro de Gertrudis y José Liborio Poblete, los papás de Victoria. El día que María José fue a buscar la resolución al juzgado yo estaba acompañando a Lilia Ferreyra en las declaraciones que tomaba la Cámara en los Juicios por la Verdad, y nos encontramos en las escalinatas de tribunales muy sorprendidas porque esa resolución fue casi como un libro de derecho penal internacional: realmente era una maravilla en cuanto a los fundamentos de derechos internacional. Esa causa empieza a abrir un camino para otras jurisdicciones y empezamos a pensar en la apertura de otras causas, sobre todo en las que el CELS en los ’80 había sido parte. La Cámara confirma la decisión y después el procurador dictamina a favor de la inconstitucionalidad y dice algo que también fue importante en el proceso: que la privación ilegal de la libertad, que es la figura del derecho penal, por la forma en que ocurrieron los hechos es lo que en derecho penal internacional se llama desaparición forzada».
Entrar a la ESMA
«Entre los momentos que me marcaron está el día que ingresamos por primera vez al sitio de la ESMA cuando se abrió en 2004. Yo estaba con Daniel Tarnopolsky, a quien desde el CELS patrocinábamos, su familia entera estuvo detenida en la ESMA, y realmente me genera piel de gallina recordar la apertura de las puertas, el ingreso y abrazarlo en un momento tan particular. También recuerdo haberme cruzado con Marcelo Brodsky. Era una mezcla de sensaciones y sentimientos encontrados: por un lado ganar el espacio y por otro estar acompañando a familiares que en realidad no sabía cuánto de bien les hacía ese momento. Tengo muy vívido el recuerdo de ese día y todo lo que generó en el movimiento de derechos humanos, de quienes querían entrar y quienes no querían. Realmente celebro que el espacio sea lo que es hoy y la posibilidad de poder transmitir que el sitio de memoria haya sido construido con tanta delicadeza, con tanto amor.»
El edificio de la ESMA como prueba judicial
“La inspección ocular es de las cosas más importantes del proceso judicial, sobre todo cuando se realizan con víctimas sobrevivientes que pueden ir señalando los lugares. En el caso de la ESMA recuerdo cuando con (el entonces juez federal Sergio) Torres, en los inicios de la investigación, hicimos una inspección y el lugar estaba pelado, la marina lo acababa de dejar y teníamos la fantasía de ver qué íbamos a encontrar. Nos sorprendimos de que algunos se habían llevado elementos sanitarios pero después de haber leído muchos testimonios fue impactante ver cómo se parecía a lo que uno había leído. Lo mismo ver lo pequeña que era la ‘maternidad’, era impresionante, o las ‘cuchas’ que hoy se replican en el sitio. Para los jueces es importantísimo porque si no, no hay forma. Nos pasa con otros centros clandestinos, donde los lugares ya no existen y a las y los jueces les cuesta pensar geográficamente dónde podían estar. El valor de una inspección es enorme y permite a jueces y juezas ubicarse en el espacio y las dimensiones y las condiciones de detención. Nos ha pasado con otros centros clandestinos que seguían funcionando en democracia, por ejemplo la inspección al ‘Sheraton’, la comisaría de Villa Insuperable, que estaba funcionando como comisaría. Fuimos con sobrevivientes que se sorprendieron de ver que las condiciones de detención que ellos y ellas padecieron eran muy similares, había siete personas en un lugar muy pequeño, y además por ese lugar también había pasado Luciano Arruga. La posibilidad de ver y de sentir es enorme».
La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad
“Cuando se me presenta la posibilidad de ir a trabajar al Ministerio Público Fiscal la procuradora era Alejandra Gils Carbó, con un proyecto muy interesante, y me parecía un desafío poder sumarnos a un equipo de trabajo para un tipo de gestión y acercamiento con los operadores judiciales. Ahí decido cambiar un poco de ámbito de trabajo. A los seis meses me convocan para ir a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a la que Gils Carbó le da al rango de Procuraduría y que era una una de las primeras unidades que se crean en 2007 un poco por pedido del movimiento de derechos humanos. El proceso de justicia empieza en 2001 con la resolución de Cavallo, en 2003 se pronuncia el Congreso, en 2005 falla la Corte y en 2006 se hacen los primeros juicios desde la reapertura. Uno es el que llevaba el CELS contra el ‘Turco Julián’ y el otro era contra Etchecolatz, que es el juicio donde desaparece Julio López. La desaparición genera que el movimiento de derechos humanos empiece a interpelar al Poder Ejecutivo, a pedirle que organice una estructura dentro del Estado que se ocupe del seguimiento del proceso, y al mismo tiempo le pide a la Procuración que tenga una política de persecución penal, que no la había. Entonces nace esta Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por crímenes del terrorismo de Estado, a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, que empezó a delinear algunas herramientas y guías de actuación. La unidad empezó a compartir en el universo de fiscales criterios sobre el rol de la justicia civil en los procesos en los que se investigaban a fuerzas armadas y de seguridad, a trabajar en criterios de imputación en distintos delitos, y en 2012 empieza a trabajar en una guía de actuación para la investigación de los delitos contra la integridad sexual en los centros clandestinos. Cuando me incorporo nos encontramos con un desafío, porque 2013 y 2014 fueron los años donde más juicios orales se realizaron, empiezan a tramitar lo que identificamos como megacausas, con un universo muy importante de víctimas y de imputados. Y el sistema de justicia argentino no estaba preparado, no había ni infraestructura, no había salas para juicios de semejante envergadura. Tampoco los abogados y abogadas estaban preparados para pensar en un universo de 800 víctimas, ni los jueces para tener debates de más de dos años. Todo fue nuevo”.
La investigación de los crímenes sexuales
«Los delitos contra la integridad sexual también acompañaron la apertura de los juicios. En el primer juicio sobre la ESMA en 2007 yo participaba como observadora porque no éramos cabeza de querellas, recuerdo que se investigaban delitos contra cuatro sobrevivientes y me llamó la atención una mujer que relató los delitos sexuales a los que fue sometida. En un momento dice expresamente ‘a mí me violaron’ y me llamó mucho la atención que ninguno de los jueces, tres varones, más un fiscal y una fiscala, tuvieran intención de preguntar o ahondar en lo que estaba diciendo. Nos fuimos para el CELS y nos dijimos: ‘Evidentemente acá nadie está mirando ni escuchando lo que estas mujeres quieren contar’, era lo mismo si contaba que la habían secuestrado, metido en un auto o violado, todo en el mismo tono y con la reacción. Ahí empezamos a trabajar desde el CELS en la necesidad de visibilizar los delitos contra la integridad sexual. Nuevamente con un abordaje integral, un equipo que integrábamos con las compañeras del equipo de salud mental como Laura Sobredo, con Lorena Balardini que es socióloga, con las compañeras abogadas que integrábamos el programa de Memoria. Nos propusimos buscar la forma de modificar la escucha porque la decisión de contar estaba pero no había quién recepcionara de una manera distinta. En el juicio de Poblete ya habían aparecido los delitos contra la integridad sexual y contados por varones, cosa que también nos llamó la atención. Cuando en el CELS empezábamos a trabajar en esto, con quien más tenía cruces de los buenos, nutritivos en el sentido de interpelarme y sentir que la interpelábamos era con Mirta Clara, una sobreviviente que nos decía todo el tiempo: ‘Preguntémosle a los varones también qué les pasó, por qué siempre a las mujeres’. Eran discusiones muy ricas. Y empezamos a hacer encuentros con sobrevivientes mujeres sobre todo para decir ‘bueno, cuánto de esto quieren contar y hasta dónde’”.
¿Cómo se tradujo ese trabajo en los juicios?
“Ahí empezó todo un trabajo con los operadores judiciales, la necesidad de generar esa escucha, de que las y los fiscales estuvieran más atentos, que los jueces estuvieran capacitados en perspectiva de género, supieran hasta dónde preguntar, porque también escuchábamos situaciones donde los jueces de repente querían distraer y decían ‘bueno, pero se acuerda el color de zapatos’, una cosa ridícula. Empezamos a trabajar también con el Consejo de la Magistratura, con el Programa Verdad y Justicia, con la unidad de la Procuración, en cómo poder hacer una referencia a que los delitos contra la integridad sexual son distintos de la tortura y de la privación ilegal de la libertad. Desde el CELS presentamos una querella patrocinando a dos víctimas sobrevivientes de la ESMA por esos delitos: en un caso la violación y en otro haber parido en la ESMA con un descuido absoluto sobre esa maternidad. El juez Torres indagó a un imputado por violación, es el caso de Graciela García, que denunció que fue violada en varias oportunidades por el ‘Tigre’ Acosta. El juez procesa a Acosta por violación pero la Cámara después dice que en realidad se trata de dos tipos de torturas distintas. Nosotras apelamos y el caso es uno de los que se investigó en la megacausa cuya sentencia está en proceso de revisión. Volviendo hacia atrás: en 2007 identificamos esa situación y en 2008 empezamos a trabajar en visibilizar y en la necesidad de que el Consejo de la Magistratura genere espacios de debate para sensibilizar a los operadores judiciales sobre los delitos contra la integridad sexual en el terrorismo de Estado, que son delitos distintos: si la violación era considerada un delito en 1976 por qué no trabajarlo de manera autónoma. Además era uno de los tres delitos que la obediencia debida había dejado afuera, junto con el robo de niños y el robo de bienes. La primera sentencia que declara los delitos sexuales de manera autónoma es en 2010 en el caso Molina de Mar del Plata. En 2012 la unidad de la Procuración hace recomendaciones a los fiscales de considerar el delito de manera autónoma y hace un análisis también de si la víctima es sobreviviente y no quiere denunciar, de si está desaparecida y se puede investigar, porque son delitos de lo que se conoce como instancia privada que requieren que la víctima decida si quiere que se investiguen o no. No se podía ir por sobre la voluntad de la víctima. En estos espacios dentro del CELS de diálogo con sobrevivientes, había víctimas que decían: ‘No quiero contar nada, mi familia no sabe y no me voy a exponer’. En 2012 se hacen las recomendaciones y hoy al 2020 hay 36 sentencias que reconocen los delitos sexuales de manera autónoma. Se avanzó muchísimo. Falta un montón porque justamente lo que se generó es que hubiera más oportunidades y las y los sobrevivientes pudieran referirse de manera más espontánea a sus padecimientos».
La visibilización de delitos sexuales en el Sitio de Memoria ESMA
“El proceso de la visibilización de los delitos sexuales y de la perspectiva de género es un recorrido y un aprendizaje que atravesó sobre todo a la mayoría de las agencias estatales. Antes de la sentencia a varios imputados de la ESMA de 2011 le planteamos al juez Torres que debían investigarse de manera autónoma los padecimientos que habían relatado distintas sobrevivientes en el juicio oral. Había desde violaciones hasta situaciones donde las mujeres relataban que debían bañarse delante de los guardias, la compañera Silvia Labayrú que contó su embarazo de diez meses porque no le prestaron atención a que estaba embarazada y tenía que ir a parir; el relato de Marta Alvarez en relación con su situación post-parto; situaciones de manoseos, y las quizás más conocidas en tanto tuvieron un desarrollo más bibliográfico en la publicación que hicieron algunas compañeras en Ese Infierno sobre los padecimientos y situaciones a las que eran sometidas las mujeres en la ESMA. Hubo que trabajar en visibilizar, en capacitar a operadores judiciales, en conseguir sentencias que visibilizaran esas situaciones. Hubo jueces que al principio decían que no y que años más tarde rectificaron sus decisiones y entendieron que eran delitos autónomos. Creo que ese mismo proceso hicimos en el sitio. Porque es cierto que cuando uno ingresaba estaba todo el relato en masculino, eran ‘detenidos y desaparecidos’, no hablábamos de detenidas, ni de detenidos y detenidas. Por lo cual la muestra Ser mujer en la ESMA fue de las cosas más interesantes en términos de haber conseguido la visibilización real, no sólo en el marco del expediente judicial: era también un mensaje a la sociedad. De hecho la muestra, además de visibilizar la perspectiva de género y los delitos, fue la posibilidad también de varias sobrevivientes de ser escuchadas y consideradas como sobrevivientes. Recuerdo cuando se inició que con Alejandra Naftal nos abrazamos al ver que dos sobrevivientes de dos períodos distintos de la ex ESMA se abrazaron y se dijeron: ‘Tenía muchas ganas de conocerte, me hablaron mucho de vos’, como si fuera algo cotidiano. Compartí con esas dos mujeres la presentación de la muestra en Entre Ríos con lo cual vi que ese acercamiento era real y genuino sobre todo porque se habían escuchado una a la otra todos estos años, en buenos y malos términos, pero les había permitido en esa condición de mujeres sobrevivientes, no siendo juzgadas. Eran dos mujeres que se encontraban y compartían los padecimientos de todo este tiempo. Enriqueció al sitio el hecho de haberse aggiornado e incorporado la perspectiva de género. Hoy lo veo y digo ‘pero claro, cómo no se nos ocurrió’, y yo estuve compartiendo el sitio desde la hora cero, los contenidos estuvieron a cargo de un equipo pero uno estaba observando y hago un mea culpa de no haber identificado esa situación antes y haber dicho por qué no lo ponemos en femenino. Pero bueno, bien vale todo este aprendizaje. La incorporación de la perspectiva de género en el sitio tiene carácter reparatorio para nosotras, para las sobrevivientes, para la sociedad en general que en lo sucesivo vaya a hacer la visita y para quienes fuimos y volvimos”.
Recorrer el Sitio de Memoria ESMA con las hijas
“Recorrí el lugar con mis hijas en el marco de la muestra Ser mujer en la ESMA y creo que también hay un legado para esta generación. Fue muy importante para mí que ellas vieran, sintieran, conocieran. Me genera mucha emoción porque fue algo muy importante, no lo puedo poner en palabras pero ellas fueron por primera vez ese día, con lo cual me vieron a mí en un lugar que no conocían de mí, se me llenan los ojos de lágrimas de pensarlo. Porque los hijos no saben mucho cuánto uno hace y qué hace pero a ese lugar uno le puso mucho compromiso y realmente es un trabajo mancomunado. Para mí no es solamente el expediente judicial, es todo, y de verdad ese abrazo con Ale Naftal fue ‘misión cumplida’, fue esa reconciliación de dos personas que durante mucho tiempo se odiaron por distintas situaciones y que un lugar así, con tanta muerte encima, las pueda reconciliar es realmente una misión cumplida. Por eso que mis hijas vayan ya en un contexto con los carteles modificados fue muy loco, no sé si ellas lo dimensionaron».
El significado de formar parte del proceso de justicia
«Del proceso de justicia me llevo la enseñanza de la necesidad del trabajo en equipo, en el CELS aprendí a trabajar en equipo y en el movimiento de derechos humanos los y las abogadas de las causa de terrorismo de Estado que hoy tenemos el Colectivo Mario Bosch también trabajamos en equipo. Me llevo el aprendizaje con varias sobrevivientes y algunos sobrevivientes varones. Me llevo el haber aprendido a escuchar, que no es tan fácil, hay que saber escuchar; el haber construido amistades que al día de hoy uno lleva y que tiene que ver con haber estado en un momento particular, en un momento histórico, y creo que todavía no dimensionamos lo que significó, lo que generó, pero con el convencimiento de que era necesario. Qué suerte que pudimos estar ahí, que peleamos, que el movimiento de derechos humanos siguió reclamando justicia. Hay abogados y abogadas que me marcaron, que son mis amigos, una persona como Pablo Llonto, alguien que no hay nadie en el movimiento de derechos humanos que no lo quiera, es la persona más querida y respetada por su compromiso, valores y principios. No sé si quiero mencionar a gente en particular pero es un sentimiento».
El legado del proceso de verdad, justicia y memoria
El proceso de justicia y las iniciativas de memoria del terrorismo de Estado creo que son hitos y ejemplos de buenas prácticas, y de generar y contar la historia. El proceso de justicia en la Argentina generó prácticas hacia el interior del sistema judicial, formas de encarar las investigaciones, de pensar los procesos en general. Prácticas, compromiso con operadores judiciales, además de todo lo que generó hacia el exterior en términos de un país que decide con sus propios tribunales, con sus propias normas procesales, investigar los crímenes de la dictadura. En ese sentido siempre me acuerdo de la publicación del movimiento de derechos humanos de 1986 que hablaba de 692 responsables del Terrorismo de Estado y hoy son más de 3.000. Evidentemente el proceso fue importante porque se pudieron identificar más centros clandestinos, nuevas víctimas, responsables, nietos y nietas. Eso acompañado de políticas de memoria genera una sociedad más consciente y ojalá una sociedad más justa, más en momentos como estos donde se renuevan algunas discusiones que creemos saldadas y que efectivamente no lo están porque por algo vuelven. La necesidad de ligar el pasado con el presente para evitar que las prácticas se repitan es permanente y creo que todavía necesitamos de más trabajos, de profundizar las políticas públicas sobre todo en materia de memoria y de verdad de lo que ocurrió. Es importante generar políticas públicas de reparación integral por graves violaciones a los derechos humanos».
