De eso no se habla: la complicidad empresarial con la dictadura militar

Según una investigación, en 5 grandes empresas funcionaron centros clandestinos adentro de sus plantas. Además, el 88% de los secuestros de trabajadores se produjeron en sus puestos de trabajo.

En el marco de la actividad “Visita de las 5”, que se realiza el último sábado de cada mes en el Museo Sitio de Memoria Esma (este año es virtual), la de abril estuvo dedicada a la responsabilidad de los empresarios y empleados jerárquicos, en el secuestro y desaparición de los trabajadores de importantes industrias, durante la dictadura.

El marco para iniciar el debate lo dio la proyección de un pasaje de la película “Responsabilidad Empresarial”, de Jonathan Perel. “Comencé a gestar la idea a partir de 2016. Yo quería filmar fábricas echando humo, en ese momento tomé conocimiento de un informe oficial muy importante, realizado por los Organismos de DDHH, con el aval del Ministerio de Justicia, decidí darle una imagen para tener una llegada a más personas. Comencé parándome con el auto en la puerta de cada una de las fábricas mencionadas en el informe. Desde allí comencé a filmarlas. 

Durante 3 meses recorrí 14000 km y llegué a cada una de las empresas mencionadas en el informe. Me interesaba el momento en que los trabajadores entraban a la mañana a trabajar, como una visión desde el presente de lo que iba a contar.También decidí incluir los logos de todas ellas, ya que las listas de nombres entregadas a los militares señalando que trabajadores a quienes secuestrar estaban escritas en papel membretado, con el logo de cada empresa, también prestaban camionetas con los logos impresos para perpetrar sus acciones. La película es más un punto de llegada que de partida, construye memoria mirando el pasado desde el presente”, reconoció Perel, quien participó del encuentro.

Una de las responsables del informe en el que se basó el cineasta para su película fue Victoria Basualdo, coordinadora de la «Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica», de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Presente también en la cita, Basualda recordó que también participaron en la confección de este informe dos organismos de la sociedad civil: el Cels y FLACSO. Realizado entre 2014 y 2015, tuvo por objeto «reconstruir y analizar la responsabilidad de un sector del empresariado nacional y extranjero en el proceso represivo, en el marco del terrorismo de Estado en la Argentina y la reconstrucción de la verdad, ya que constituye un legítimo derecho de todos los habitantes. Además, buscó aportar elementos a las causas judiciales y contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Se realizaron 25 estudios de casos en la misma cantidad de empresas dedicadas a diversas actividades, en regiones distintas del país. En cada uno de ellos se trató de recuperar la historia personal de los trabajadores. El trabajo se basó en una enorme cantidad de documentos de archivo, entre ellos el Archivo Nacional de la Memoria, el archivo de la DIPBA, el Archivo General de la Nación, archivos personales de trabajadores y una gran cantidad de testimonios”.

De ese análisis surgieron patrones comunes que permitieron establecer los siguientes porcentajes:

– 88% de los secuestros se produjeron en el lugar de trabajo;

– en el 76% de los casos hubo entrega de listas con nombres de trabajadores y delegados a las fuerzas represivas, por parte de las empresas;

– en el 52% de los casos hubo presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta las torturas;

– 48% de los casos hubo aportes económicos hacia las fuerzas represivas;

– en el 40% de los casos se usaron camionetas y vehículos de las empresas en operativos de detención y secuestro;

– el 32% de los secuestros se dio en el trayecto entre la fábrica y la casa;

Esas cifras demuestran que no fueron casos aislados, por el contrario, hay datos elocuentes de militarización de las fábricas:

– Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento;

– Participación de miembros de las Fuerzas Armadas en cargos directivos;

– Presencia de agentes de Inteligencia infiltrados;

– Control militarizado de ingresos y egresos de trabajadores;

– Intervención militar en conflictos laborales y sindicales;

En 5 empresas de las 25 analizadas, además, existieron Centros Clandestinos de Detención dentro dentro de las mismas:

– Acindar;

– Ford;

– La veloz del Norte;

– Ingenio La Fronterita (Tucuman);

– Astillero Rios Santiago (Ensenada);

Los datos mencionados permiten mirar esta acciones de la dictadura en clave de las relaciones entre capital y trabajo. Los casos analizados permiten concluir además que el papel de los empresarios no fue de complicidad o acompañamiento a las Fuerzas Armadas, sino que tuvieron responsabilidad directa en muchos hechos de violación de derechos humanos. Del mismo modo, sirve para descubrir un entramado de relaciones más complejo, con sujetos sociales con lógicas específicas, objetivos específicos y líneas de acción que confluyeron en muchos momentos.

LINK: http://visionpais.com.ar/de-eso-no-se-habla-la-complicidad-empresarial-con-la-dictadura-militar/